La Universidad de la Empresa (UDE) ha lanzado la cuarta edición de su Diplomado en Derecho Procesal y Penal, dirigido por el Dr. Jorge Díaz y el Dr. Juan Raúl Williman. Este programa surge en respuesta a los profundos cambios introducidos por el nuevo código procesal penal en Uruguay, vigente desde hace más de seis años, que ha transformado radicalmente las prácticas de la abogacía, la fiscalía y la judicatura. El diplomado tiene como objetivo mejorar la formación de los operadores del sistema judicial, proporcionando un enfoque teórico robusto combinado con una intensa práctica, para que los participantes puedan aplicar eficazmente los nuevos principios de litigación oral, defensa de imputados y víctimas, y las dinámicas del proceso penal acusatorio.
El Dr. Díaz destacó la necesidad de actualizar continuamente las habilidades y conocimientos de los profesionales del derecho, especialmente en un entorno que ahora requiere habilidades orales y una comprensión profunda de los nuevos roles y responsabilidades dentro del sistema judicial. Además, enfatizó la importancia de la publicidad y la transparencia en las audiencias judiciales, así como la necesidad de superar prácticas antiguas en favor de métodos más abiertos y modernos. Con un equipo docente compuesto por jueces, fiscales y abogados expertos en distintas áreas del derecho penal, el diplomado promete una experiencia educativa enriquecedora y relevante para enfrentar los desafíos contemporáneos del derecho penal en Uruguay.
Si no puedes ver la entrevista, comprueba en este enlace la completa entrevista al Dr. Jorge Díaz.
Miguel Nogueira: Con mucho gusto vamos a recibir al doctor Jorge Díaz, uno de los coordinadores de esta cuarta edición del diplomado en derecho procesal y penal. Doctor, bienvenido.
Dr. Jorge Díaz: Bueno, muchas gracias por la invitación. Estábamos bastante asombrados con el Dr. Williman de que ya estamos en la cuarta edición, ¿no?
MN: Bueno, sí, es una grata sorpresa. Porque empezamos con una primera edición con objetivos siempre muy claros. En el sentido de que el “nuevo” código, por decirlo de alguna manera, ya lleva más de 6 años de funcionamiento. Seguir llamándolo “nuevo código” parece un poco absurdo. Pero cuando entró en vigencia, hubo un cambio muy radical en las prácticas y en la forma de ejercer la abogacía. Cambió la forma de ejercer, obviamente, también desde el lado de la fiscalía. No es solo un cambio de rol, sino un cambio de funcionamiento total. También cambió el rol de los jueces. Ese cambio de paradigma es tan trascendental y brutal que requiere la formación de los diferentes operadores del sistema para poder desempeñarse de una mejor forma.
JD: Exactamente. Y el diplomado siempre tuvo ese objetivo: mejorar, difundir y mejorar las mejores prácticas. Tiene un enfoque teórico, que es absolutamente necesario, pero también tiene una fuerte carga práctica en el ejercicio de la abogacía. Ya sea en el rol de defensor del imputado o en el nuevo rol del defensor de la víctima, que cambia sustancialmente el ejercicio de la abogacía según el rol que se esté cumpliendo. El rol del Ministerio Público, de la fiscalía, que es el organismo persecutor, y el rol de los jueces, que pasan a ser lo que siempre debieron ser: un tercero estructural y funcionalmente imparcial que juzga un conflicto entre el estado y un particular acusado de un delito. Ese cambio es muy grande.
MN: Claro, nosotros ayer en una audiencia discutíamos este tema, que parece ser nuevo pero que obviamente arranca ya con el nuevo código. La defensa tiene su propia carpeta de investigación, porque estamos acostumbrados a hablar siempre de la carpeta de investigación de la fiscalía. Bueno, cada parte en este proceso tiene su propia carpeta de investigación. La defensa tiene una carpeta que no es pública, que es reservada y que tiene derecho a desarrollar su propia investigación. Tiene potestades autónomas de investigación, separadas de las del Estado, para sustentar su propia teoría del caso. Todos estos temas, las técnicas de litigación, las herramientas de litigación, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el alegato de apertura, el alegato de clausura, el manejo de las objeciones, son todas cuestiones nuevas enfocadas en este diplomado desde un punto de vista teórico, pero con mucha práctica.
JD: Sí, así es. Con mucha práctica para poder difundir, practicar y mejorar las mejores prácticas. Porque el sistema va a funcionar mejor en la medida en que los diferentes operadores estén desarrollando correctamente su función.
MN: ¿Cómo evalúa esta transición del sistema? ¿Cómo está funcionando el sistema acusatorio? Usted que estuvo de los dos lados, ¿no? Como cabeza del Ministerio Público y ahora, obviamente, volviendo a la profesión.
JD: Hay dos dimensiones aquí. Cuando empezó el sistema, había mucha gente que auguraba que esto se iba a caer a pedazos, que no iba a durar, que era imposible que funcionara en Uruguay. La realidad demostró que el sistema empezó a funcionar, obviamente con las dificultades naturales de un cambio tan profundo, y siguió funcionando. De hecho, al día de hoy, está funcionando. Diría que, si bien fuimos el último país de América Latina, salvo la justicia Federal Argentina, en implementar la reforma procesal pasando a un sistema acusatorio, adversarial, oral y público, no hemos tenido ni el 10% de las dificultades que han tenido otros países de América Latina que han implementado el mismo sistema.
MN: Quizás el haber sido uno de los últimos permitió aprender de los errores, aprender de las carencias. Porque esto también necesita dinero, ¿no?
JD: Sin duda. De todas formas, yo creo que puede funcionar mucho mejor. Conformarse con que la nave salió de puerto y no se hundió no es lo correcto. Lo correcto es decir: “Bueno, la nave salió de puerto, no se hundió, navega con una dirección, pero queremos que funcione cada vez mejor”. Y sin duda alguna hay muchísimas cosas para mejorar. Cosas para mejorar en las prácticas y algunas cosas desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, una de las cosas que hay que mejorar es que no puede ser que audiencias que legalmente deben ser públicas se sigan desarrollando sin permitir el acceso del público y de la prensa, sin ninguna razón aparente.
MN: Hay algunos casos muy notorios que ya nos están advirtiendo que no van a ser de acceso público. El otro día hubo una audiencia en Ciudad de la Costa de un caso que ha sonado mucho en los últimos días, y no advierte uno cuáles son las razones por las cuales esa audiencia se desarrolló sin la presencia de público. Sinceramente, no lo advierte.
JD: Hay casos en los que las audiencias no pueden ser públicas porque hay que reservar o preservar a las víctimas, tratándose muchas veces de menores de edad o delitos sexuales. Eso está previsto en la ley y está bien que así sea. Pero hay otros casos en los que no hay ningún fundamento y simplemente parece ser por la comodidad del operador del sistema. Y eso hay que cambiarlo.
MN: El convenio que hizo el otro día la Suprema Corte con APU nos hacía pensar que es un proceso cultural, porque no es legal, es cultural. Ha venido lento y tiene que ser mucho más abierto. Porque en última instancia, la justicia cuando es de puertas abiertas se democratiza. La gente entiende qué está pasando detrás de esa puerta que, si está cerrada, como ciudadano, tengo todo el derecho del mundo a sospechar que ahí está pasando algo que no debe.
JD: Más allá de que hoy se graban en audio las audiencias y se puede acceder a los audios, no hay ninguna razón para que no sean públicas. Ese es un factor cultural. Después hay otros factores culturales; hay muchas cosas que necesariamente deben ser orales y que se escrituralizan. Tenemos una tendencia del sistema antiguo a la opacidad, al secretismo, a la escrituralidad. Es una batalla entre las viejas prácticas que luchan por subsistir y las nuevas prácticas que obviamente quieren imponerse.
MN: Lo que vemos a veces en las películas, como un pueblo muy pequeño con un caso muy notorio, y se traslada el juicio al gimnasio de un liceo, por ejemplo. ¿Eso podría ser posible acá?
JD: Sí, es perfectamente posible. Ayer, por ejemplo, estuve en una audiencia en el juzgado de Pando donde claramente había carencias edilicias. Pero se colocó en una sala adyacente una cámara donde las personas podían ver lo que estaba pasando en la sala de audiencia. Es una forma de publicidad también. Es cierto que nuestras salas de audiencias muchas veces no se adaptan para la presencia de mucho público o de la prensa. Pero hay otras formas también. Quizás no una presencia física, pero sí, del otro lado de la puerta, puede haber una cámara y la gente puede ver.
MN: Los medios han llegado a la puerta de la justicia penal para quedarse, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Entonces, gustará o no, me podrá parecer bien o mal. Yo creo que está bien que así sea, pero hay gente a la que no le gusta. Pero están ahí, y en un sistema que busca democratizar, que busca que sea público, que busca que el ciudadano sepa qué es lo que está pasando y por qué se toman determinadas decisiones, la necesidad de que sea público es fundamental.
JD: Exactamente. Y en los cursos se juntan abogados que de repente tienen como compañero de curso a un fiscal al que enfrentaron o que están enfrentando. O tienen un docente que tuvo algún caso en algún momento. Tenemos por suerte una riqueza muy importante en el equipo docente porque tenemos jueces, abogados que son especialistas en defender víctimas, fiscales, y abogados que son especialistas en defender imputados. Eso genera una dinámica y un debate que es sumamente interesante.
MN: Además, tenemos el manejo de toda la jurisprudencia sumamente actualizada. Ese es un valor agregado. Estamos permanentemente actualizando la jurisprudencia. ¿Qué es lo que opinan nuestros cuatro tribunales? Porque como toda norma nueva, se van generando posiciones jurisprudenciales que se van asentando de a poco.
JD: Así es. Ha habido una evolución a nivel jurisprudencial tremendamente positiva. Los primeros fallos a veces chocaban porque venían con toda la dinámica del sistema anterior. Hoy en día, nuestros tribunales, con diferentes posturas, van evolucionando. Al principio, decían tal cosa, hoy dicen otra y lo dicen con convicción. Tienen todo el derecho del mundo a cambiar su postura en la medida en que van evolucionando en la práctica. Y yo creo que de a poco el sistema ha ido ganando culturalmente en los operadores del sistema y en la gente.
MN: La publicidad es un factor fundamental y va a ayudar muchísimo. Sería necesario que tengamos más juicios orales. Pero ahí también hay una práctica del operador que es cultural. El juicio oral es un grado de exposición muy grande, y a veces los operadores se sienten desafiados o interpelados. Y es natural que así sea. Es la condición humana.
JD: De a poco, tenemos que ir soltándonos más. El juicio abreviado es una necesidad y realmente soluciona muchos problemas, pero hay casos que necesariamente deben llevarse a juicio oral. Por ejemplo, en casos económicos, donde prácticamente no ha habido juicios orales. Llevar un caso económico complejo a juicio oral es un enorme desafío para la fiscalía, pero es necesario que se dé ese debate. Vamos a ver cómo se refleja explicar en un lenguaje sencillo que un juez que no conoce el caso entienda un asunto económico complejo. Esa va a ser como la prueba de fuego de los operadores del sistema.
MN: Bien, estamos hablando de la cuarta edición del diplomado en derecho procesal y penal de la Universidad de la Empresa. Por más información, pueden visitar el sitio web de la universidad. Con la coordinación del Dr. Juan Raúl Williman y el Dr. Jorge Díaz, que nos ha acompañado hoy. Como decía el Dr. Williman, esto es “bienvenidos al mundo real”, porque están todos los operadores allí como alumnos y como docentes, y en horarios que la mayoría pueden adoptar, salvo excepciones por algún caso muy excepcional. Desde las 18 o 19 horas del viernes hasta las primeras horas de la mañana hasta el mediodía del sábado. Esto arranca a fines de mayo y se va hasta fines de noviembre.
JD: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
MN: Por hoy, le agradecemos mucho, doctor.
